Verificación obligatoria y electrónica de empleo en fases.

La propuesta del Presidente ofrece herramientas a los empleadores para que aseguren una fuerza laboral legal al usar la base de datos del gobierno federal para verificar que la gente que contraten tenga autoridad para trabajar en los Estados Unidos. Las sanciones por contratar trabajadores indocumentados han aumentado de manera importantes, y se han creado nuevas sanciones por cometer fraude y robo de identidad. El nuevo programa obligatorio asegura la privacidad y confidencialidad de toda la información personal de los trabajadores e incluye importantes protecciones en los procedimientos. La verificación electrónica de empleo obligatoria se aplicará por fases durante un periodo de cinco años exceptuando ciertos pequeños negocios.

Combatir el fraude y el robo de identidad.

La propuesta también incluye una tarjeta de seguro social antifraude e inalterable y requiere que los trabajadores usen documentos antifraude e inalterables para comprobar su autorización para trabajar en los Estados Unidos. La propuesta también busca establecer un programa piloto voluntario para evaluar nuevos métodos para certificar la identidad y combatir el robo de identidad.

Protección para todos los trabajadores.

La propuesta del Presidente protege a los trabajadores contra represalias por ejercer sus derechos laborales. Aumenta las sanciones para los empleadores que contratan a trabajadores indocumentados para evadir los estándares en el lugar de trabajo que protegen a todos los trabajadores. Genera además un "fondo laboral de cumplimiento de ley" para ayudar a asegurar que las industrias que emplean un número significativo de inmigrantes cumplan con las leyes laborales.

Mayor vigilancia y rendición de cuentas por parte de los empleadores:

Desde enero de 2009, ICE ha auditado a más de 8,900 empleadores que se sospechaba que habían contratado a trabajadores ilegales, ha prohibido las operaciones a 8,590 compañías e individuos, y ha impuesto más de $100.3 millones en sanciones financieras, que es más de la cantidad total de auditorías y prohibición de operaciones efectuadas durante toda la administración anterior.

Expansión del programa E-Verify:

La inscripción de empleadores en el programa E-Verify, que les permite a los empleadores verificar electrónicamente que un empleado es elegible para trabajar en los EE.UU., se ha más que duplicado desde enero de 2009, teniendo como participantes a más de 416,000 compañías, que representan más de 1.2 millones de centros de trabajo. En el año fiscal 2012, se procesaron más de 20 millones de solicitudes. Hasta ahora en el año fiscal 2013, más de 4.8 millones de solicitudes se han tramitado en el sistema.

Deportaciones de criminales.

La propuesta del Presidente amplia los esfuerzos inteligentes de seguridad pública dirigidos específicamente a los criminales condenados en instalaciones correccionales federales o estatales, permitiendo con esto expulsarlos de los Estados Unidos al final del cumplimiento de su sentencia sin que vuelvan a entrar a nuestras comunidades. A la vez, protege a aquellos que tienen un miedo verosímil de regresar a sus países de origen.

Expulsión agilizada de seguridad nacional y amenazas a la seguridad pública no inmigrante.

La propuesta del Presidente genera una proceso administrativo de expulsión agilizado para aquellos que se quedaron por más tiempo del permitido por su visa y a los cuales se ha determinado que representan un amenaza a la seguridad nacional y a la seguridad del público.

Mejoras a los tribunales de inmigración de nuestra nación.

La propuesta del Presidente invierte en nuestros tribunales de inmigración. Aumentando el número de jueces de inmigración y su personal, invirtiendo en capacitación para el personal del tribunal y mejorar el acceso a información legal para los inmigrantes, todas estas reformas mejorarán la eficiencia del tribunal. Esto permite a DHS enfocarse más sus recursos de detención en la seguridad pública y las amenazas de seguridad nacional al ampliar las alternativas a detención y reducir los costos globales de detención. También ofrece una mayor protección a aquellos que no son capaces de representarse ellos mismos.

Priorizar a los criminales condenados y los delincuentes violentos para deportarlos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha establecido prioridades de cumplimiento claras de manera que las personas que representen una amenaza a nuestra seguridad pública y la seguridad nacional, tales como los criminales condenados, sean la prioridad mayor de cumplimiento.  Esos esfuerzos están dando verdaderos resultados. 

• En 2012, aproximadamente el 55 por ciento, o 225,390, de la gente que se deportó había sido condenada por delitos graves o delitos menores, casi el doble de la deportación de criminales desde 2008.
• DHS también ha emitido lineamientos al personal de cumplimiento del orden y los abogados sobre su autoridad para ejercer su discrecionalidad de enjuiciamiento cuando corresponda para garantizar una mayor consistencia en la manera de tratar los casos de menor prioridad.
• Además, DHS se esforzó en enfocar mejor sus recursos mediante la revisión de cada caso individual de deportación pendiente ante los tribunales de inmigración para poder concentrarse en las prioridades mayores de cumplimiento eliminando el monto acumulado de casos de menor prioridad.

El Presidente Obama ha dicho repetidas veces que no tiene sentido deportar a jóvenes que trabajan duro que fueron traídos a este país sin que haya sido culpa de ellos y que se han criado en los Estados Unidos, en muchos casos sin tener recuerdos de los países donde nacieron.  En Junio de 2012, DHS anunció que ciertos jóvenes que fueron traídos a EE.UU. de pequeños, que no plantean ningún riesgo a la seguridad nacional ni a la seguridad pública, y que satisfacen ciertos criterios clave pueden ser considerados para un alivio temporal de la deportación del país o de que se les inicie el proceso de deportación.  Esto no es un camino a la ciudadanía ni tampoco es una solución permanente, solo el Congreso puede proveer eso a través de una reforma migratoria de sentido común.  Pero, a falta de acción por parte del Congreso, la Administración continuará concentrando sus recursos de cumplimiento migratorio en proteger la frontera, mantener seguras nuestras comunidades, y enjuiciar a los criminales, no a los jóvenes que están listos para contribuir al país donde se han criado.  El 15 de agosto de 2012, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos lanzaron formalmente el proceso de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).  Para más información sobre el proceso DACA, visite: www.uscis.gov/childhoodarrivals.

El Presidente Obama explica los cambios al cumplimiento migratorio para los "DREAMers:"